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Toluca, Méx. Impensable e injustificada, así califican los usuarios del transporte público en el Estado de México la posibilidad de un aumento en la tarifa, como pretenden los empresarios del sector denominado “pulpo camionero”.
El martes 5 de marzo, transportistas del Valle de Toluca informaron que buscan un “ajuste en la tarifa” de hasta 4 pesos, con el argumento de paliar las alzas que experimentan tanto de combustible como de refacciones.
Al respecto, usuarios rechazan en todas sus formas esta pretensión, afirman que ni la calidad, seguridad ni el servicio justifican el proyecto de los transportistas.
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Al preguntar a los mexiquenses si respaldarían un aumento en el precio del servicio, la respuesta generalizada fue negativa. Cada persona entrevistada expuso distintas problemáticas en cuanto a la seguridad y la eficiencia del servicio.
Creo que todos los usuarios hemos tenido una mala experiencia en el transporte, ya sea por la mala prestación del servicio, entiéndase el manejo de los operadores, pero también la falta de seguridad en los camiones.
Marco Fernández, usuario de transporte público.
Parece que ese es el punto más concreto que tienen las familias para cuestionar la intención del aumento: la falta de seguridad en sus trayectos.
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Coinciden en que las estrategias desarrolladas con la instalación de cámaras de seguridad dentro de las unidades, así como los operativos de inspección para detectar actos ilícitos, son insuficientes.
La falta de capacitación de los choferes es uno de los puntos más cuestionados y del que más se quejan los usuarios, pues deriva en un servicio riesgoso e ineficiente.
Los entrevistados exponen que, si se atendiera la capacitación de los operadores, podría responderse una de las demandas de los empresarios en materia de costo de las refacciones, pues acusan que el manejo temerario de los operadores es lo que daña los camiones.
Con relación al aumento del combustible, las familias refieren que la problemática la padecen todos, mientras que, sobre la supuesta operación de transporte irregular, indican que es responsabilidad del gobierno atenderlo, por lo cual, los ciudadanos que viajan en transporte público no tendrían por qué absorber ese costo.
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