Toluca, Méx. En el Estado de México, el tratamiento municipal de aguas residuales es nulo, pues cerca del 72% de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) bajo la jurisdicción de los ayuntamientos no funciona, principalmente por los costos de operación que implican y la falta de mantenimiento.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, en el 2023, reflejó que el Estado de México reportó 198 plantas municipales, de las cuales, sólo 56 se encontraban en operación, representando el 28.2%, mientras que las 142 restantes se encontraron fuera de operación debido a que eran antiguas, presentaban fallas mecánicas y en algunos casos, su tecnología era obsoleta y su capacidad limitada, lo que representa altos costos operativos.
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El Censo refirió que en más del 90% de las Plantas de Tratamiento del Estado que no operaron, los factores preponderantes que incidieron fueron los altos costos de operación, además de problemas con la entrega-recepción, ya que en la mayoría de los casos no se recibió agua para tratar, fin de su vida útil, robo de maquinaria o equipo, se encontraban en obra por mejora o en ampliación y falta de mantenimiento.
El tratamiento de aguas residuales es un proceso mediante el cual se eliminan o reducen los contaminantes presentes en aguas residuales para que el agua tratada pueda ser devuelta al medio ambiente de manera segura o reutilizada para diversos fines, cumpliendo con Normas Oficiales Mexicanas establecidas.
En este sentido, uno de los beneficios primordiales del agua tratada es generar ahorro de agua potable, al ser utilizada en el riego de áreas verdes.
Estatus de las PTAR municipales
De acuerdo con los Programas Regionales del Estado de México 2023-2029 y con datos de los años 2022 y 2023, la Zona I Oriente cuenta con 32 PTAR, funcionando el 25%, siendo Chicoloapan el municipio con mayor número de plantas con nueve, pero todas fuera de operación; la Zona II Nororiente registró 45 plantas distribuidas en 14 de los 23 municipios que la integran, de las cuales el 91% no funcionaba; la Zona III Centro cuenta con 23, de ellas, 12 fuera de operación, siendo los municipios con mayores registros Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.
La Zona IV Norte cuenta con más de 30 y alrededor del 40% no opera; y en la Zona V Valle de Toluca se reporta la existencia de más de 40 plantas de tratamiento, pero más del 80% no opera, Toluca registra 10, de las cuales sólo funcionan dos y Zinacantepec cuenta con nueve, todas están fuera de operación.
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“En general, la Zona V: Valle de Toluca del Estado de México no cuenta con los suficientes mecanismos para el tratamiento de aguas residuales, lo que en un mediano plazo afectará a la calidad de agua potable y, en lo inmediato, su disponibilidad”, advierte el Programa Regional.
Por cuanto hace a la Zona VI Sur, es la que menos plantas tiene, apenas cinco, de las cuales cuatro están fuera de operación y finalmente, la Zona VII Sureste cuenta con alrededor de 25, reportando que la mayoría opera, siendo Malinalco y Almoloya de Alquisiras quienes operan más.
Voluntad política frena su operatividad
De continuar sin operar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, las consecuencias en el futuro serían severas, pues se agudizaría la crisis de agua, habrá un empobrecimiento de las condiciones ambientales y una afectación a la salud general de la población, enfatizó Luis Eduardo Mejía Pedrero, consultor en Gestión del Agua e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
“A nivel nacional se tiene la estadística que entre el 90% y el 95% no operan y son vitales, primero para el cumplimiento de la normatividad, si estas plantas de tratamiento funcionaran, tendríamos nuestros arroyos o cuerpos superficiales con una mejor calidad, y me atrevo a decir, el propio Río Lerma estaría teniendo ciertas condiciones de vida y evidentemente esto mejoraría los ecosistemas”, señaló.
El especialista en temas de agua precisó que, si este tipo de plantas mejoraran su operación, incorporando tecnología adicional, se podría generar incluso agua residual tratada para el suministro de agua potable a la población, proceso que ya se registra en alrededor de 280 ciudades del mundo, principalmente en Corea del Sur.
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Siendo uno de quienes impulsó la materialización de la planta de Santa María Rayón, refirió que este proyecto ha luchado alrededor de 30 años para mantenerse; sin embargo, los cambios en el gobierno municipal y la falta de voluntad política han frenado su crecimiento de manera constante, por otro lado, admitió que la falta de recursos económicos ha sido un obstáculo para que algunas plantas funcionen y esto en parte se debe a la falta de recaudación, ya que menos del 40% de la población paga por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Si la ciudadanía sigue sin pagar los servicios de agua, ningún ayuntamiento, ningún Gobierno, va a poder cargar con el financiamiento que requiere”.
La diputada local y presidenta de la comisión de Recursos Hidráulicos en la 62 Legislatura, Miriam Silva Mata coincidió con el especialista al señalar que el porcentaje de recaudación máxima en el Estado es del 45%, pero además dicho recurso no va orientado a un plan hídrico o al saneamiento, la potabilización o el tratamiento de agua, sino para el pago de nómina o de adeudos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ante la situación indicó que es fundamental que se establezca en la normatividad, lineamientos claros para que se obligue a los municipios a destinar lo que reciben de la ciudadanía por el pago de servicio de agua al impulso o mantenimiento de proyectos hídricos.
“Considero que en la ley deberíamos establecer que la recaudación que tienen por el tema de agua se vaya específicamente para un proyecto de agua, no pueden estar sacando recursos de los organismos operadores de agua para destinarlos a otros temas, deben apostarle a la potabilización y el tratamiento de agua”, sostuvo.
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