Toluca, Méx. Durante la gestión de Raymundo Martínez Carbajal, el Gobierno de Toluca gastó 42.5 millones de pesos en la compra de cámaras de videovigilancia que no fueron instaladas o no operaron debidamente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó inconsistencias en la puesta en marcha de estos equipos que fueron adquiridos para el sistema integral de puntos de monitoreo inteligente, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Dirección General de Seguridad y Protección.
Durante la auditoría de cumplimiento forense, se detectó que una cámara fija contratada no se encontraba instalada y las demás no estaban en condiciones adecuadas de operación.
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Los aparatos presentaban inconsistencias con los botones de pánico y su software, en los medios de almacenamiento para la gestión y análisis de datos y no se proporcionó evidencia de las gestiones para el uso de energía eléctrica ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El Ayuntamiento tampoco contaba con las licencias solicitadas para llamadas de emergencia para uso del teléfono o terminal, con el firewall ni la póliza de mantenimiento pactadas en el contrato.
Aunque el informe de la ASF no menciona el número de dispositivos, en 2023, Raymundo Martínez anunció que se fortalecería la videovigilancia del municipio con 600 cámaras que se sumarían a las 250 existentes.
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La ASF advirtió un posible sobreprecio en los aparatos y señaló que no se remitieron evidencias documentales para demostrar la puesta en marcha de los equipos.
Se constató que el proveedor contratado no cumplió con la entrega de la totalidad de los bienes y servicios dentro del plazo pactado y el municipio no aplicó las penas convencionales correspondientes.
Como resultado de la auditoría, se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 42 millones 500 mil pesos, que fueron pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) durante el ejercicio fiscal 2023.
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En la auditoría, se revisó otro contrato, con número expediente AT-LPN010-2023, donde se encontraron irregularidades en la adquisición de uniformes para los policías municipales, debido a que no cumplieron con las especificaciones pactadas.
Sobre lo anterior, se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18.6 millones de pesos.
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