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Ocoyoacac, Méx. Tras cumplir cinco días el retén que establecieron habitantes de El Pirámide, Ocoyoacac, para impedir el paso de pipas privadas que cargan agua de un pozo, al igual que de tomas en líneas de particulares en la región, algunas colonias han regularizado su abastecimiento del líquido.
Aducen que el líquido es llevado a la Ciudad de México sin beneficio para las comunidades locales que enfrentan escasez del recurso; de acuerdo con los inconformes, la extracción creció hasta un total de 150 o 200 pipas por día, al tiempo que también aumentó el número de habitantes en la zona, provocando un colapso en el recurso hídrico.
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Los vecinos detallaron que su movimiento surgió a raíz de la sobreexplotación de las redes vecinales, generando una reducción sustancial de agua en las viviendas, lo que animó a la población a emprender acciones y a organizarse para impedir el saqueo del líquido, luego de que el delegado a cargo del Comité del Agua local incurrió en irregularidades.
Los inconformes que custodian la zona, donde se ubica también el pozo administrado por la Secretaría del Agua de la Ciudad de México, explicaron que se trata de acciones de “huachicoleo de agua” que cada vez afectan más a los vecinos de la zona, ya que suman al menos tres comunidades en completo desabasto.
Detallaron que los piperos extraen el recurso de tomas particulares con equipo industrial que disminuye el flujo del líquido en todo el municipio, dañando particularmente a determinadas localidades.
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El agua es como el oxígeno, no se pueden vender y no se nos hace justo que nosotros nos quedemos sin abasto y también que haya afectaciones de todo tipo, pues los únicos beneficiados son quienes explotan los pozos y se llevan el líquido para venderlo”, coincidieron los inconformes.
De acuerdo con los entrevistados, el saqueo del recurso data de hace 20 años; sin embargo, a partir del sábado 29 de marzo detuvieron a los operadores y los obligaron a descargar el líquido extraído, aunque hasta el momento las autoridades no han intervenido para solucionar el conflicto y los integrantes del movimiento amagan con permanecer en el lugar hasta que haya respuesta.
Además, responsabilizan a tres o cuatro personas que usaron cargos públicos municipales para adquirir terrenos con la finalidad de explotar los mantos acuíferos.
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